Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo/ZonaFranca).– El gobierno del estado de Guanajuato, que desechó la recomendación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de remover a los funcionarios públicos que cayeron en omisiones y negligencia en los últimos casos de violencia y feminicidios en la entidad, despidió este día a la coordinadora de Atención a Víctimas del Delito.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato PGJE anunció la integración de Ana Lilia Gamiño Urrutia en esa dependencia. El cargo fue dejado por Alejandra Torres Mendoza.
El gobierno de Miguel Márquez Márquez, jefe del Ejecutivo Estatal, no ha dicho si este despido está relacionado con las acusaciones que se ciernen sobre su administración debido a los múltiples casos de negligencia en el trato a abusos y homicidios de mujeres.
El días pasados, la Directora de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, Alicia Arias, quien pretendió minimizar los hechos que afectaron a María de la Luz Salcedo Palacios, Lucero, también dejó su oficina. Tampoco fue reconocido como un cambio vinculado.
Estos cambios, sin embargo, son menores. Organizaciones civiles han exigido que el Procurador del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, presente su renuncia o sea despedido por negligencia.
Lucero fue atacada violentamente por un individuo que pretendió violarla. Acudió a denunciarlo, pero las autoridades no la atendieron. El sujeto es un agresor confeso, y está libre.
Pero este caso no es el único: el supuesto “suicidio” de una joven estudiante reportada como desaparecida, así como el homicidio de una madre que pidió tres veces auxilio a las autoridades, han provocado la indignación en Guanajuato sólo en las últimas semanas.
El Procurador estatal, Carlos Zamarripa, se reunió en privado con Lucero Salcedo casi un mes después de que ella denunciara públicamente que había sido golpeada por un individuo que sigue libre.
El 17 de octubre, el Gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, dijo que no se investigaría a los funcionarios porque ya estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Y el 18 de octubre, más de un mes después del atentado, el presidente del Tribunal en Guanajuato, Alfonso Fragoso Gutiérrez, ratificó que no investigarán a los involucrados “para no entorpecer las investigaciones”.
El viernes pasado, la estudiante Nelly Yessenia Romero fue encontrada sin vida en la sierra de Santa Rosa, pero la Procuraduría dijo que se trató de un “suicidio”. La joven desapareció y después de cuatro días fue encontrada muerta.
Ayer, entre lágrimas, Martha Salazar, madre de la joven estudiante de 20 años suplicó llorando ante diputados locales que analicen su ropa, calzado, sus pies, “cuándo fue la última vez que comió, si la violaron”. Es decir, pidió una investigación en forma.
La Procuraduría General de Justicia, sin aportar pruebas, simplemente dijo que “se suicidó”. Pero la madre dijo que no era un “suicidio creíble”.
La mamá de la joven llegó al Congreso del Estado para pedir el apoyo de los diputados locales y que se investigue a fondo la muerte de Nelly. Llegó al Palacio Legislativo antes de reunirse con el Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, para exigir que se esclarezca la muerte de su hija.
En septiembre, Laura Patricia Vázquez fue asesinada por su esposo después de que tres veces acudiera a denunciar que era víctima de violencia familiar.
Los agentes del Ministerio Público simplemente la ignoraron.
Geraldina Aguilar, madre de Laura Patricia, denunció que incluso su nieta, de apenas cinco meses de edad, estaba desaparecida.
Ante los escándalos de abusos y asesinatos de mujeres en Guanajuato, un estado que es denunciado por organizaciones no gubernamentales por el alto índice de feminicidios, el gobierno estatal ha respondido con un cambio: el de la coordinación de Atención a Víctimas del Delito.
